Algunas propuestas de ciudadanos para tener un mejor gobierno
Como sabemos, en este año tendremos elecciones en nuestro país, en las cuales se renovarán 3 mil 326 cargos de elección, entre los que se encuentran la presidencia de la República y la gubernatura de nueve estados.
Desde Diciembre del 2017, estamos teniendo un bombardeo publicitario en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales, sobre los “precandidatos” o más bien, los candidatos de los partidos políticos, causando repugnancia en la ciudadanía, ya que los principales problemas que tenemos en nuestro país, no solo no se han resuelto, sino que se han incrementado en forma considerable, como es la corrupción, la inseguridad, la impunidad y por supuesto los homicidios dolosos y feminicidios; Adicional a ello, estamos teniendo el mayor nivel de inflación de los últimos diecisiete años, lo cual repercute en nuestro poder adquisitivo.
Cada vez que hay elecciones, los candidatos a puestos políticos nos hacen promesas que por lo general no cumplen y además se olvidan de ello y buscan la manera de cómo captar mayores ingresos, inventando impuestos o pagos adicionales a lo que tradicionalmente venimos pagando cada año.
Ahora es el momento de decir “Ya basta” y exigir modificaciones a la Constitución e impulsar leyes e iniciativas que erradiquen privilegios a los políticos y protecciones aberrantes como es el fuero.
En diferentes foros y reuniones con amigos, familiares y compañeros de trabajo, he lanzado una serie de cuestionamientos, referentes a lo que tendríamos que hacer para que un político haga lo que por obligación le corresponde y que repercuta en el desarrollo del país y el bienestar que los ciudadanos hemos esperado durante muchas décadas.
A continuación, listo algunas de las observaciones y recomendaciones que recopilé.
*Impulsar una iniciativa de ley sobre honestidad, desempeño y resultados de los funcionarios públicos, en la cual se establezca un código de ética y responsabilidad profesional con estándares de conducta para los actores legales y judiciales en el sistema de justicia. Esta ley deberá establecerse como prioritaria en la Constitución y alinear las leyes y la normatividad que ya se tiene en el derecho administrativo, el derecho civil y penal. Se deberán incluir sanciones estrictas, clasificando como delitos graves, todos aquellos que tengan relación directa con corrupción, impunidad, daño al erario público, afectación a los derechos humanos y niveles de deuda pública.
*Modificar la legislación referente al derecho de ocupar puestos públicos por parte de los ciudadanos mexicanos, estableciendo requisitos específicos de “Aptitud y Actitud”, es decir, que no basta con ser mexicano, sino que tenga la preparación necesaria para ejercer la administración pública que asegure resultados positivos para la entidad gobernada, repercutiendo de manera directa en el bienestar de los ciudadanos. Otro punto fundamental sería, establecer límites en la ocupación de cargos públicos, para personas que ya hayan ocupado un puesto público en el periodo anterior, es decir, que no se permita ocupar un puesto público a un ciudadano que ya fue funcionario público en el periodo finalizado; Con ello se evitaría que la administración pública sea el “modus vivendi” de personajes que deambulan en la política, sin tener una aportación fundamental para la ciudadanía.
* Establecer mecanismos de transparencia en el uso de los recursos y licitaciones de obras públicas y egresos, así como el acceso público a todas las decisiones judiciales, mediante la digitalización de la información y firmas de los funcionarios públicos que intervienen en cada proceso; Esto permitiría que todos los ciudadanos y las organizaciones civiles y privadas, puedan realizar análisis que coadyuven en la observancia en la utilización adecuada de los recursos.
* Independizar la auditoría publica, mediante la participación ciudadana y de académicos en comités de vigilancia, que certifiquen el correcto uso de los recursos y el apego a la legalidad dentro del marco normativo establecido para cada proceso.
* Disminuir la cantidad de miembros del Congreso de la Unión, es decir, de 128 escaños que se tienen en la Senaduría, reducirlos a 64 ( en promedio, dos por estado) y de 500 diputados, reducir a 250; En lo que respecta a los SENADORES Y Diputados Plurinominales, estos deberán ser ocupados por Académicos, Intelectuales o miembros de asociaciones civiles anticorrupción, que no tengan filiación política y cuyo desempeño deberá ser supervisado por la auditoría Superior de la federación, partiendo de la base, de que esta dependencia sea autónoma. Otro punto fundamental, es reducir los privilegios y prestaciones que actualmente tienen los diputados y senadores como el fuero, los famosos moches, reducir las dietas, etc.
* Alinear los programas sociales a resultados de alto impacto en la ciudadanía y sobretodo en los sectores más vulnerables, estableciendo indicadores de gestión que permitan medir el desempeño de los actores políticos que participan en cada programa y poniendo candados que eviten el desvío o mal uso de los recursos asociados a los programas.
* Implementar un sistema de información, gestión y control de los ingresos y egresos federales y estatales, en el cual se implementen candados con firmas biomédicas de cada actor político que interviene en cada uno de los procesos de etiquetado y ejercicio presupuestal, sirviendo para evitar desvíos o malversación de recursos y como evidencia documental en procesos judiciales que se sigan en casos de corrupción. Como sabemos, actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, tiene un robusto sistema de recaudación, no obstante ello, no conocemos en su totalidad y de manera fehaciente, la cantidad de recursos y como se utilizan y solo como dogma de fe, observamos lo que la SHCP nos da a conocer, sin que haya un elemento informático que de certeza a la ciudadanía y que pueda servir de base para realizar análisis y se pueda tener una supervisión exhaustiva por organizaciones civiles anticorrupción y los ciudadanos en general.
En resumen, los mexicanos cada vez, damos cuenta de que no existe una voluntad genuina por parte de la clase política, para resolver la problemática que nos aqueja y además que la corrupción y la impunidad siguen siendo el vehículo de enriquecimiento ilícito de las clases en el poder y que la pobreza es el producto político que mayor rendimiento da a las familias políticas que manejan el país; Es por ello, que los ciudadanos comunes, proponemos iniciativas de abajo hacia arriba como las mencionadas para lograr un cambio en nuestro país.
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Referencias bibliográficas
Alejandro Legorreta . (2016). Una propuesta contra la corrupción. 2016, de Animal Político Sitio web: http://www.animalpolitico.com/blogueros-de-abajo-hacia-arriba/2016/07/28/una-propuesta-contra-corrupcion/
Andrés Pedreño. (2013). 14 medidas para acabar con la corrupción. 2013, de IT&IS Siglo XXI Sitio web: https://www.euroresidentes.com/empresa/innovacion/12-medidas-para-acabar-con-la
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